El Gobierno ha aprobado durante la reunión del Consejo de Ministros de este
viernes la Ley de Emprendedores, que tiene como objetivo
"favorecer la cultura emprendedora y facilitar la creación de
empresas".
El Ejecutivo ha acordado el anteproyecto de ley de apoyo al emprendedor y su
internacionalización, una norma pendiente desde hace tiempo que el Ejecutivo se
comprometió a aprobar en el segundo trimestre del año en el marco del plan
nacional de reformas remitido a Bruselas.
La nueva ley incluye una serie de medidas para fomentar la inversión y la
actividad en España, como la concesión del permiso de residencia a los
extranjeros que emprendan y creen empleo o que adquieran una vivienda habitual.
"La norma está dirigida a la mayoría del tejido empresarial, del que
depende la creación y el mantenimiento del empleo", el 99% de las empresas en España tiene menos
de 250 trabajadores y el 80% menos de nueve empleados.
No responderán con la vivienda de sus deudas
Los emprendedores no tendrán que responder con su vivienda habitual -con un
límite de 300.000 euros- de las deudas derivadas de su actividad empresarial
salvo que estas sean con la administración pública.
De esta forma, se constituye la figura del "emprendedor de
responsabilidad limitada" incluida en el anteproyecto de ley de apoyo a
los emprendedores.
Sáenz de Santamaría ha explicado que la ley también incluye un mecanismo
para favorecer la "segunda oportunidad" empresarial que permitirá a
los empresarios con deudas que no superen los cinco millones de euros acudir a
una vía extrajudicial de negociación en vez de al concurso de acreedores.
Pago de IVA
Entre las medidas aprobadas se encuentra también que las pymes y autónomos
con menos de dos millones de euros de facturación, no pagarán el IVA hasta
cobrar facturas. Pese a todo, la medida, que podría beneficiar a 1,3
millones de autónomos según el Ejecutivo, entrará en vigor en 2014.
La ley recoge otras medidas que ya habían sido anunciadas o incluso aprobadas
por el Ejecutivo, como los apoyos fiscales a quienes inicien una actividad y
que permitirá tributar por un impuesto de sociedades reducido del 15%, una
disminución del 20% en los rendimientos netos de la declaración del IRPF y una
exención completa de este impuesto cuando se capitalice la prestación por
desempleo.
Creación de empresas
Por otro lado, se fomenta el espíritu emprendedor a lo largo de toda la vida
educativa, la internacionacialización y se abarata el coste inicial de
constituir una sociedad con la creación de la figura de sociedad limitada de
formación. Esta figura permitirá la creación de empresas con un capital
inferior a los 3.000 euros con un régimen idéntico al de las
sociedades de responsabilidad limitada.
Para agilizar la creación de empresas se crean los puntos de atención al
emprendedor, que serán ventanillas únicas a través de las que se podrán
realizar los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad
empresarial. El Punto de Atención al Emprendedor electrónico del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo prestará la totalidad de los servicios previstos
en la Ley.
Con el objetivo de facilitar la segunda oportunidad, se crea un mecanismo de
negociación extrajudicial de deudas de empresarios similar a los existentes en
otros países. Se podrán pactar quitas de hasta el 25% de los créditos y
moratorias de hasta tres años.
Menos trabas administrativas
Para reducir las cargas administrativas, el Gobierno se compromete a revisar
el clima de negocios de forma permanente y desarrolla una nueva cláusula bajo
el nombre 'one in one out', porque la que se podrá diseñar una nueva traba
administrativa si previamente no se elimina otra. Además, incluye una serie de
medidas como la reducción de cargas estadísticas o la eliminación de la
obligatoriedad de disponer de un libro de vistas para la Inspección, entre
otras cosas.
Por otro lado, se eliminan los obstáculos al acceso de los emprendedores a
la contratación pública permitiendo que los empresarios puedan darse de alta en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Además,
se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los
contratos de obras y de servicios. En particular, en los contratos de
obras el umbral se eleva en 150.000 euros y en 80.000 euros para los contratos
de servicios.
